Revocación de mandato

Varias son las opiniones vertidas en el ambiente público sobre la revocación de mandato. Que no se debería hacer porque representa un gasto excesivo; que es innecesario porque el presidente sigue teniendo una aprobación grande (más del 60% según encuestas); que si se debería de hacer para remover del poder al “dictador” que gobierna a México.

Muchas son las opiniones que versan sobre el tema, pero por ley se tiene que hacer porque es un derecho que se votó en los congresos correspondientes y con apoyo de una parte de la ciudadanía.

 "Esto viene a cuento" porque el Instituto Nacional Electoral, encargado de desarrollar la revocación de mandato, aplaza el proceso por considerar que no se le asignó el presupuesto suficiente para llevar a cabo la revocación.  

Esta es una problemática muy difícil de resolver porque legalmente el INE tiene que consultar a los ciudadanos legalmente sobre el puesto presidencia. Pero, el poder legislativo fue quien asigno ese presupuesto reducido con la finalidad de presionar al INE para que aplique medidas de austeridad que el partido Movimiento de Regeneración Nacional y sus partidos aliados le han pedido que aplique para sueldos de altos funcionarios.

Situación que tensa el ambiente público, así se vio este fin de semana, 18 y 19 de diciembre del 2021, con los pronunciamientos de algunos puestos poder ejecutivo liderado por MORENA, del legislativo y gobernadores mismo partido contra la decisión del INE apelando que atenta contra la democracia del país.

Siendo puristas, los integrantes del partido MORENA tienen razón porque constitucionalmente fue aprobada la revocación de mandato y tiene que ser aplicada para no cometer algún tipo de delito, en este caso lo cometería el INE.

Cierto es que el INE cometería una falta a la democracia por tratar de cancelarla por no contar con el dinero suficiente. Pero, también hay que preguntarnos ¿sí el poder legislativo no cometió una falta contra la democracia al no asignar más dinero?

Por último, quiero recordar dos cosas. La primera es que cómo ciudadanos siempre vemos cómo la democracia siempre nos ha costado mucho dinero del presupuesto, mucho dinero gastado de la manera menos eficiente posible, con procesos costosos y nada innovadores para hacer eficiente el proceso. Y, por otra parte, vemos cómo las políticas, en este caso un proceso de consulta, son propuestas y echas, sin tener una planeación concreta, ni una coordinación entre instituciones gubernamentales y autónomas y mucho menos el involucramiento de sectores como el académico para poder desarrollar una revocación de mandato de manera adecuada y eficiente como podría desarrollarse en la próxima consulta.